A menos de dos semanas de la asunción de Santiago Peña a la Presidencia, la puja cartista por profundizar y consolidar su poder salpicó a la Fiscalía General del Estado. Luego de mantener el control del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, mostraron que su “hoja de ruta” podría incluir cambios en el Ministerio Público.
El lunes 31 de julio, el expresidente Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado (HC), presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por “persecución política” contra funcionarios del gobierno saliente y sus aliados. A pesar de que el candidato presidencial de HC fue Santiago Peña, Cartes fue el centro de la campaña electoral por acusaciones de corrupción en su contra. El gobierno de los Estados Unidos lo sancionó en dos ocasiones, y llegó a vincularlo con el grupo terrorista Hezbolá.
Uno de los principales críticos de Cartes fue el presidente saliente, Mario Abdo Benítez, quien aseguró que su predecesor es “el mayor contrabandista de cigarrillos de la región”, lo comparó con “Al Capone, que cayó por evasión de impuestos”, y “un cáncer que hizo metástasis en el Paraguay, que corroe la política y que está infiltrado en la política”.
El diputado cartista Walter Harms pidió recientemente la expulsión de Mario Abdo del Partido Colorado por considerar sus críticas a Horacio Cartes como una “traición”. Harms se vió envuelto esta semana en una polémica tras ser acusado de acoso por su conducta en plena sesión de la Cámara Baja. Éste viernes, admitió que EEUU le canceló la visa.
En las internas de diciembre de 2022, Cartes venció a Abdo en las elecciones internas por la presidencia del Partido Colorado, y su candidato, Santiago Peña, se hizo con la nominación presidencial. El 30 de abril de 2023, Peña y el Partido Colorado se hicieron con una aplastante victoria electoral, quedándose con la Presidencia, 16 de 17 gobernaciones departamentales, y mayoría propia en ambas cámaras del Congreso.
El lunes 31 de agosto, Cartes presentó ante la Fiscalía una denuncia “en contra de todos los responsables de la persecución política y que también buscaba la caída y destrucción del Partido Colorado”. En el escrito, la acusación del expresidente repite argumentos de su principal defensa tras las sanciones de EEUU, sosteniendo que los acusados “se valieron de varios órganos estatales para crear mentiras y buscar por sobre todo atraer y generar contacto con oficinas extranjeras”, en específico, las de Brasil y Estados Unidos. EEUU investiga a Cartes por tráfico de drogas y lavado de dinero desde al menos 2009.
Al día siguiente de la presentación de la denuncia de Horacio Cartes, el martes 1 de agosto, el diputado Yamil Esgaib advirtió: “nosotros somos el poder electo por el pueblo, y el Fiscal se va cuando nosotros queremos”.
El Fiscal General del Estado, Gerardo Rolón, ofreció el jueves 3 de agosto una conferencia de prensa para abordar el tema, y afirmó: “es muy importante que la Fiscalía no se sienta en brazos de nadie, de ninguna institución ni persona”, y señaló que un posible juicio político contra su persona sólo podría ser por mal desempeño de sus funciones, y que no depende de un sólo miembro del Congreso. “Simplemente esto se convierte en una expresión de deseo, hasta de una bravuconada que no tiene que ver con el manejo correcto de las instituciones”, opinó.
Este viernes tomó estado público que la Fiscalía conformó un equipo para investigar las denuncias presentadas por el expresidente Horacio Cartes.
La senadora colorada Lilian Samaniego calificó las declaraciones de Esgaib como un “sincericidio”, por el cual “quedó expuesta la hoja de ruta” del cartismo. “Lo dicho tiene un poder de adelantar el futuro, hizo un sincericidio. Dijo lo que no hay que decir en público. Adelantó lo que sigue o lo que está por venir”.
En las primeras sesiones de Diputados y Senadores, los colorados consolidaron su poder haciéndose con las mesas directivas de la Cámara Alta y la Cámara Baja, y designando a sus militantes para ocupar cargos en instituciones como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Consejo de la Magistratura (CM).
El JEM quedó presidido por el cartista Hernán Rivas, quien luego de semanas de escándalo por su crecimiento patrimonial injustificado, masivas deudas impagas con el sector bancario, y escasa preparación intelectual, renunció este martes alegando que “una cuestión estrictamente familiar y particular (…) impídeme mi dedicación plena a las actividades propias de la Presidencia”. Rivas sigue siendo miembro del JEM, que ahora es presidido por otro cartista, Orlando Arévalo.
La Fiscalía General del Estado es uno de los pocos espacios de poder estatal que no estará directamente controlado por el cartismo luego de la asunción de Santiago Peña a la presidencia, este 15 de agosto.